México incentiva la ilegalidad de los casinos

En Estados Unidos la existencia de casinos, y en su caso el número de ellos dentro de una misma región o localidad, se determinan en base a estudios sobre los costos sociales y beneficios económicos que se generen.

En Nevada, las apuestas son legales desde 1931 y ahora constituyen la espina dorsal de su economía.

La Comisión y la Junta de Control de Juego son las entidades que en ese estado regulan la actividad de los casinos, en cuanto a licencias y sanciones.

En Atlantic City, los juegos de apuestas generan ingresos públicos por 260 millones de dólares al año, un 80 por ciento de todos los impuestos que se recaudan en esa ciudad, refiere la Comisión de Control de Casinos de Nueva Jersey.

Otro ejemplo de cómo se puede beneficiar a la sociedad con una buena regulación de los casinos se está gestando en Texas. Ahí, el presidente de la Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes, Jim Pitts, presentó recientemente un proyecto de Ley para legalizar 12 salas de juego que dejarían ingresos fiscales suficientes para asignar mil millones de dólares al año para becas universitarias a estudiantes de alto rendimiento.

A diferencia de los casos anteriores, en México, con una Ley Federal de Juegos y Sorteos que tiene ya 64 años, no se ha aprovechado el potencial de los casinos para beneficiar a la sociedad.

"La actividad en México está creciendo y es un mercado atractivo, pero existe una legislación poco clara, con fallas, debido a ciertas facultades discrecionales que han generado situaciones de inequidad y un crecimiento de los casinos ilegales", opinó Alfonso Pérez Lizaur, presidente de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJSAC).

En México, 25 empresas tienen permiso para operar centros de apuestas, y cada una tiene autorizadas hasta 50 unidades.

En Atlantic City, la Ley establece castigos si se falsifican documentos, si se obtiene una licencia sin permiso de la Comisión de Juegos, o si se tienen de socios a narcotraficantes.

En México, la regulación no es así de detallada.

Además, en el país, las concesiones para casinos tienen un periodo de 25 años, mientras que en Perú, por ejemplo, sólo de 3 años, lo que permite una mejor supervisión sobre la actividad.

Juzguen ustedes mismo. Hay quien gobierna con inteligencia y por el bien común y, en otro bando, hay quien gobierna para su beneficio propio o sin pensar en las consecuencias para los ciudadanos.

Fuente: elnorte.com

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